Además de la inauguración del recinto carcelario, también se reinauguró el polígono de tiro, que se había incendiado hace varios años, al tiempo que egresaron 26 policías y quedó operativa la policía comunitaria, donde seis efectivos ya están cumpliendo funciones.

En la cárcel granja, ya son seis los reclusos que trabajarán en el cultivo de verduras y hortalizas para consumo propio, al tiempo que en el correr de este mes, las presas comenzarán con el cultivo de flores.

“Esta experiencia se comenzó a aplicar junto con la de emergencia carcelaria, durante el período anterior en Lavalleja”, sostuvo Bonomi, quien se congratuló que el actual jefe de la Policía, continuara la experiencia.

“Se aumentaron las plazas, se hizo un caldario para mujeres y ahora estamos abocados a desarrollar este sistema de granjas carcelarias en todo el país”, sostuvo el jerarca.

Las celdas de ésta cárcel consisten en una casa con seis camas cuchetas y una cocina económica. Está distante a dos cuadras de la cárcel departamental, en tanto que los cultivos se realizan en un invernáculo construido por los propios reclusos.

La fallecida se encontraba en un módulo de media seguridad y estaba procesada por receptación, confirmó a EL PAÍS digital el director nacional de Cárceles, Horacio Zaugg.

El jerarca indicó que murió por un paro cardio-respiratorio. “Ya tenía afecciones” de esa índole, señaló Zaugg, quien explicó que tanto el médico de guardia que estaba en el establecimiento como la unidad de emergencia móvil contratada por la Dirección la asistieron “rápidamente”, intentaron reanimarla “pero no se pudo”, lamentó.

De todas maneras, el parte del médico forense determinará con exactitud la causa de la muerte.

En tanto, Telenoche 4 divulgó declaraciones de otra interna quien gritaba: “La dejaron morir; a la gente acá la dejan morir”.

La muerte de C.V. caldeó los ánimos de unas 70 reclusas del sector de máxima seguridad de Cabildo, lo que ocasionó “quema de colchones y otros elementos de plástico en un patio y en un pasillo”, indicó Zaugg.

Según el jerarca, la guardia penitenciaria y los bomberos “actuaron con rapidez” utilizando extinguidores y recipientes con agua.

Zaugg dijo que el motín no dejó lastimados y expresó que “todo volvió a la normalidad” luego de que hablaran con las protagonistas de la revuelta.

La cárcel de Cabildo no escapa a la situación de hacinamiento del sistema carcelario de Uruguay. Aloja a unas 320 reclusas, según Zaugg, y “hay espacios inventados” para aumentar los lugares.

“Este establecimiento no está creado para este fin. Entonces hemos ido generando espacios físicos para ir colmando las necesidades de plazas”, dijo el director de Cárceles. “La cantidad de plazas disponibles han aumentado considerablemente pero no son las adecuadas por cómo está distribuido el lugar. No se puede hacer una adecuada clasificación”, explicó.

Tras un corte de luz, ocurrido anoche a las 22:30, intentaron fugarse varios reclusos del Comcar. La policía realizó intensos rastrillajes en los alrededores del instituto carcelario y logró capturar a los reclusos.

El grupo de presos del Comcar trepó los alambrados del establecimiento y saltó, a pesar de los tiros intimidatorios de los guardias que custodian el perímetro de Santiago Vázquez. Fueron recapturados.

Con una inversión de US$ 80.000, el Ministerio del Interior en la reforma del penal, que hasta hace unos meses era el Instituto Militar de Armas y Especialidades del ejército.

El viernes de agosto, el ministro Eduardo Bonomi, los senadores blancos Jorge Larrañaga, Carlos Moreira y Eber da Rosa, y los diputados Javier García (Partido Nacional) y Víctor Semproni (Frente Amplio) recorrieron con autoridades ministeriales las nuevas instalaciones de la ex cárcel de Mujeres de Punta de Rieles, que comenzará en breve.

Las celdas son espaciosas -la mayoría de 4×3 metros- y cuentan cada una con dos cuchetas de acero inoxidable.

Los baños también son amplios, indicaron los legisladores al término de la visita.

Los edificios disponen de áreas comunes -cocinas- y pasillos. El inmueble posee, además, un área para visitas, comedores y alojamientos para los guardias.

Larrañaga dijo que las obras lo dejaban “satisfecho” y destacó que el gobierno había utilizado rápidamente sus ideas de transformar predios militares en cárceles con el objetivo de disminuir el hacinamiento. “Punta de Rieles podrá albergar a unos 700 reclusos. Eso le dará un respiro” al sistema, señaló.

El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), integrante de la Comisión Interpartidaria de Seguridad, dijo a El País que hasta el momento hay un esbozo de la iniciativa de ley que el gobierno pretende enviar al Parlamento a fin de mes.

Orrico dijo que si la oposición se opone a la iniciativa, ésta podría ser aprobada en dos semanas solo con los votos del oficialista Frente Amplio.

“Si la oposición dice que quiere conversar y participar, los tiempos son otros. Puede llevar dos meses en ser aprobada. La Ley de Emergencia Carcelaria, aprobada recientemente por unanimidad, demoró ese tiempo”, indicó.

Por su parte, fuentes del gobierno dijeron que previo a presentar el proyecto de ley al Parlamento, habrá contactos con la Suprema Corte de Justicia, y en noviembre, ya aprobada la ley, comenzarán las liberaciones.

En el Ministerio del Interior hay dudas de que se puedan iniciar las liberaciones de presos ese mes, puesto que luego de aprobada la ley, los jueces necesitarán un tiempo para comunicar qué reclusos con expedientes a su cargo cumplen las condiciones para salir de la cárcel. Pero confían que sea este año, expresaron fuentes de Interior.

Ayer en el acto de asunción del sacerdote Uberfil Monzón como presidente honorario del Patronato de Encarcelados y Liberados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que hay “luz verde” en el gabinete para comenzar a trabajar en una “experiencia piloto” que implemente un “pueblo penitenciario en las chacras”.

Es decir, que los presos puedan trabajar y vivir con sus familias mientras dure su pena y que, cuando queden en libertad, dejar su lugar a otro interno.

El gobierno pretende cumplir con aspectos del Pacto de San José de Costa Rica que generaron múltiples críticas a Uruguay a nivel internacional, debido a que cientos de presos superaron los dos tercios de la pena mínima prevista en el delito por el que fueron procesados y no tienen condena.

El universo de presos que pueden acogerse al plan de liberación anticipada se estima en unos 2.000, e incluye a reclusos que cumplieron con los dos tercios de la pena, primarios menores de 28 años, ancianos, personas con enfermedades terminales y mujeres embarazadas o madres recientes.

Bonomi reiteró que muchos presos que tengan los requisitos para ser excarcelados no saldrán en libertad porque cometieron delitos inhabilitantes (como homicidios, copamientos y tráfico de drogas).

Controles. Bonomi señaló ayer que los presos liberados serán controlados por la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas (OSLA) y el Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados. Además, deberán llevar brazaletes electrónicos.

Estos dos organismos cuentan con unos 70 funcionarios y recibirán refuerzos presupuestales y de recursos humanos para atender la liberación de presos, indicaron fuentes del gobierno.

Además, serán puestos en libertad directamente todos aquellos reclusos que le resten entre 30 y 60 días para cumplir con su pena.

El delgado de presos del Comcar, Richard Dávila, dijo a El País que los anuncios de Bonomi generaron “expectativa” en la población reclusa.

“El hacinamiento que sufrimos es tremendo. Conviven 14 o 15 presos en celdas de cuatro por dos metros. Y sigue entrando gente al Comcar”, dijo.

menores. Ayer Bonomi expresó que los primarios liberados no podrán tener antecedentes co-mo menores. Esta medida requeriría cambios legales, puesto que el Código del Niño y el Adolescente prevé que “los antecedentes judiciales y administrativos de los niños y adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o con el cese de la medida”.

El secretario de Estado declaró a Océano FM que esos antecedentes “en algún lado quedan. No los tendrá la Policía, no los tendrán los juzgados, pero en algún lado se pueden pedir”.

Bonomi recibirá hoy a los diputados del grupo Aire Fresco del Partido Nacional -Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Amin Niffouri-, para intercambiar opiniones acerca del proyecto de ley de ese sector para mantener los antecedentes de los menores infractores -que está en línea con la posición expresada por el ministro- y las medidas sobre el sistema carcelario que el gobierno pretende aplicar.

El coordinador del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, rechazó que se mantengan los antecedentes de los menores, lo que, destacó, va contra la normativa internacional aprobada por Uruguay.

Pedernera consideró que se está “magnificando” la condición de los infractores, “cuando solo el 4,5% de los delitos los cometen menores”, según cifras del Ministerio del Interior.

Patronato “politizado”

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso acusó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi de “politizar” el Patronato de Liberados y Encarcelados nombrando como presidente honorario al padre Uberfil Monzón. Dijo que, históricamente se designó en ese cargo a quien recomendaba la Comisión Honoraria de la institución, la que, por unanimidad, se había pronunciado por el ex diputado y ex candidato a Intendente por Alianza Nacional Alem García. “Por primera vez un Ministro desconoce la propuesta”, señaló Cardoso, que historió los aportes de García a la temática carcelaria.

En declaraciones al programa En Perspectiva, Bonomi explicó que el gobierno conversa con “la Suprema Corte la aplicación estricta del Pacto de San José de Costa Rica que el país suscribió parlamentariamente en 1985″. Además aclaró que no se habla de una ley sino que se busca aplicar “lo que el Pacto indica y que el país se obligó y no está cumpliendo y nos cuestionan los organismos internacionales”. El jerarca destacó que el no cumplimiento de este pacto es uno de los reclamos realizados contra Uruguay en organismos internacionales.

Para el ministro, los jueces, quiénes deben ser los que apliquen el pacto, no lo hacen porque “no sienten que haya garantías de seguimiento por parte del Poder Ejecutivo”.

Bonomi puntualizó que desde el comienzo del gobierno de José Mujica, “hemos planteado las alternativas: ya está creada la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, tenemos un convenio con Naciones Unidas que nos financia el funcionamiento de esa oficina para diez juzgados, hemos hablado de que vamos a introducir las pulseras electrónicas y el otro instrumento es la prisión domiciliaria que también está en el Pacto de San José de Costa Rica”.

El ministro destacó además que la seguridad tiene cuatro componentes, uno de los cuáles es la sanción. En esa parte entra el sistema carcelario, cuya situación actual, para Bonomi, no deber ser vista como solamente un tema que involucra los derechos humanos, sino que es un “problema de seguridad”. “Mientras tengamos el nivel de reincidencia que hay hoy, cercano al 70%, tenemos un problema muy difícil para bajar los índices de seguridad”, afirmó.

Para lograr la reinserción y evitar la recaída de los presos en la delincuencia es que el gobierno planea construir cárceles para bajar el hacinamiento en los centros carcelarios ya existentes. Entre las mejoras en Maldonado, Rivera y la ampliación del Centro Nacional de Rehabilitación, según Bonomi, se llegará a tres mil nuevas plazas. “Y tenemos previsto –y va en el Presupuesto- construir dos complejos de 900 plazas cada uno. No estamos preparándonos para bajar el hacinamiento soltando presos. Hoy tenemos alrededor de 9.000 presos”, finalizó.

El Ministerio del Interior firmó esta tarde un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que lo habilita a asociarse con privados para la construcción y el mantenimiento de nuevos centros de reclusión en el país.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que parte de los U$S 15 millones del convenio ya están siendo utilizados en la refacción, mejora del sistema eléctrico, cableado e infraestructura de varios centros de reclusión del país. Otra parte se destinará para la construcción de nuevos establecimientos carcelarios.

Estos trabajos ya habían sido anunciados por el secretario de Estado cuando tomo posesión de su cargo.

El convenio rubricado hoy habilita a la CND para asesorar a Interior en la “estructuración jurídica, económica y financiera del proyecto de construcción, mantenimiento y operación de complejos carcelarios destinados a la internación y rehabilitación de reclusos”, de acuerdo al comunicado de prensa.

El actor estadounidense Wesley Snipes podría ir a la cárcel después de perder una apelación a una condena de tres años de prisión por no presentar sus declaraciones de impuestos a la renta desde 1999 al 2001.

Una corte federal de apelaciones confirmó el viernes la sentencia del 2008 contra el actor de 47 años en una corte de Ocala, Florida, por tres delitos tributarios.

En su sentencia de abril del 2008, los fiscales dijeron que Snipes, nativo de Florida y con residencia en Windermere, había ganado más de 38 millones de dólares desde 1999, pero no había presentado declaraciones tributarias ni pagado ningún impuesto. En su apelación, el actor afirmó que la sentencia era excesiva y que debería haber sido considerado para libertad condicional.

La estrella de la trilogía Blade, que recientemente apareció como un ex convicto en Brooklyn’s Finest, también dijo que la corte de primera instancia debería haberle permitido discutir un cambio de jurisdicción desde Florida a Nueva York.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos rechazó su apelación. El fallo no especificó cuándo ni dónde Snipes debía reportarse a prisión.

El nuevo abogado de Lindsay Lohan, Robert Shapiro, confirmó el viernes que la joven actriz irá a la cárcel, tal y como le ordenó la jueza que revisaba su caso de libertad condicional, después de haber sido arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol.

La semana pasada, la jueza de la corte suprema de California Marsha Revel ordenó que Lohan deberá cumplir 90 días de prisión a partir de mañana, 20 de julio, por romper el acuerdo de su libertad condicional al faltar a clases de educación sobre alcohol.

Desde entonces, la anterior abogada de Lohan, Shawn Chapman, renunció como defensora y el jueves varios medios estadounidenses publicaron que la actriz había contratado a Shapiro, un archiconocido abogado de ‘celebrities’, como última opción de evitar su ingreso en prisión.

“Acepté representar a la señorita Lohan bajo la condición de que cumpla los términos de su libertad condicional, incluido un tiempo de cárcel impuesto por la jueza Marsha Revel”, dijo Shapiro en un comunicado emitido el viernes.

“La señorita Lohan está sufriendo de una enfermedad de la que estoy familiarizado. Espero poder ser de ayuda para la señorita Lohan y la jueza Revel al implementar un tratamiento recomendado por médicos profesionales para la recuperación a largo plazo y sobriedad de la señorita Lohan”, indicó.

Shapiro es un famoso abogado de Los Angeles que ha representado a varias estrellas de Hollywood en los últimos años y fue parte del ‘Dream team’ (‘equipo de ensueño’), que representó a la ex estrella de fútbol americano O.J. Simpson durante su juicio por el presunto asesinato de su esposa.

Brent Shapiro, su hijo, falleció en el 2005 a consecuencia de una combinación de alcohol con la droga éxtasis. Desde entonces, el famoso abogado se ha dedicado a ayudar para que otros superen sus problemas de adicción.