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El gobierno estima que las liberaciones de reclusos comenzarán en noviembre, una vez aprobada la ley que las habilitará. Negocia con la oposición mantener los antecedentes a los menores infractores.

El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), integrante de la Comisión Interpartidaria de Seguridad, dijo a El País que hasta el momento hay un esbozo de la iniciativa de ley que el gobierno pretende enviar al Parlamento a fin de mes.

Orrico dijo que si la oposición se opone a la iniciativa, ésta podría ser aprobada en dos semanas solo con los votos del oficialista Frente Amplio.

“Si la oposición dice que quiere conversar y participar, los tiempos son otros. Puede llevar dos meses en ser aprobada. La Ley de Emergencia Carcelaria, aprobada recientemente por unanimidad, demoró ese tiempo”, indicó.

Por su parte, fuentes del gobierno dijeron que previo a presentar el proyecto de ley al Parlamento, habrá contactos con la Suprema Corte de Justicia, y en noviembre, ya aprobada la ley, comenzarán las liberaciones.

En el Ministerio del Interior hay dudas de que se puedan iniciar las liberaciones de presos ese mes, puesto que luego de aprobada la ley, los jueces necesitarán un tiempo para comunicar qué reclusos con expedientes a su cargo cumplen las condiciones para salir de la cárcel. Pero confían que sea este año, expresaron fuentes de Interior.

Ayer en el acto de asunción del sacerdote Uberfil Monzón como presidente honorario del Patronato de Encarcelados y Liberados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que hay “luz verde” en el gabinete para comenzar a trabajar en una “experiencia piloto” que implemente un “pueblo penitenciario en las chacras”.

Es decir, que los presos puedan trabajar y vivir con sus familias mientras dure su pena y que, cuando queden en libertad, dejar su lugar a otro interno.

El gobierno pretende cumplir con aspectos del Pacto de San José de Costa Rica que generaron múltiples críticas a Uruguay a nivel internacional, debido a que cientos de presos superaron los dos tercios de la pena mínima prevista en el delito por el que fueron procesados y no tienen condena.

El universo de presos que pueden acogerse al plan de liberación anticipada se estima en unos 2.000, e incluye a reclusos que cumplieron con los dos tercios de la pena, primarios menores de 28 años, ancianos, personas con enfermedades terminales y mujeres embarazadas o madres recientes.

Bonomi reiteró que muchos presos que tengan los requisitos para ser excarcelados no saldrán en libertad porque cometieron delitos inhabilitantes (como homicidios, copamientos y tráfico de drogas).

Controles. Bonomi señaló ayer que los presos liberados serán controlados por la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas (OSLA) y el Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados. Además, deberán llevar brazaletes electrónicos.

Estos dos organismos cuentan con unos 70 funcionarios y recibirán refuerzos presupuestales y de recursos humanos para atender la liberación de presos, indicaron fuentes del gobierno.

Además, serán puestos en libertad directamente todos aquellos reclusos que le resten entre 30 y 60 días para cumplir con su pena.

El delgado de presos del Comcar, Richard Dávila, dijo a El País que los anuncios de Bonomi generaron “expectativa” en la población reclusa.

“El hacinamiento que sufrimos es tremendo. Conviven 14 o 15 presos en celdas de cuatro por dos metros. Y sigue entrando gente al Comcar”, dijo.

menores. Ayer Bonomi expresó que los primarios liberados no podrán tener antecedentes co-mo menores. Esta medida requeriría cambios legales, puesto que el Código del Niño y el Adolescente prevé que “los antecedentes judiciales y administrativos de los niños y adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los 18 años o con el cese de la medida”.

El secretario de Estado declaró a Océano FM que esos antecedentes “en algún lado quedan. No los tendrá la Policía, no los tendrán los juzgados, pero en algún lado se pueden pedir”.

Bonomi recibirá hoy a los diputados del grupo Aire Fresco del Partido Nacional -Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado y Amin Niffouri-, para intercambiar opiniones acerca del proyecto de ley de ese sector para mantener los antecedentes de los menores infractores -que está en línea con la posición expresada por el ministro- y las medidas sobre el sistema carcelario que el gobierno pretende aplicar.

El coordinador del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, rechazó que se mantengan los antecedentes de los menores, lo que, destacó, va contra la normativa internacional aprobada por Uruguay.

Pedernera consideró que se está “magnificando” la condición de los infractores, “cuando solo el 4,5% de los delitos los cometen menores”, según cifras del Ministerio del Interior.

Patronato “politizado”

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso acusó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi de “politizar” el Patronato de Liberados y Encarcelados nombrando como presidente honorario al padre Uberfil Monzón. Dijo que, históricamente se designó en ese cargo a quien recomendaba la Comisión Honoraria de la institución, la que, por unanimidad, se había pronunciado por el ex diputado y ex candidato a Intendente por Alianza Nacional Alem García. “Por primera vez un Ministro desconoce la propuesta”, señaló Cardoso, que historió los aportes de García a la temática carcelaria.

Fuente El País Digital - Último Momento.